REVISTA PANORAMA SOCIAL EDICIÓN 89
¿Y DÓNDE ESTÁ EL LEGISLATIVO?
Esta pregunta adquiere una relevancia sin precedentes en la actualidad, y diversos acontecimientos corroboran la necesidad imperante de que en un estado democrático, con la existencia de pesos y contrapesos, no se permita lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Ir en contra de sus deberes, como la falta de legislación, el no cumplimiento del quórum, y el ausentismo, es una afrenta al sistema democrático, especialmente cuando la oposición ha adoptado estas prácticas frente a reformas sociales cruciales.
En anteriores ocasiones, hemos analizado el origen de las demandas populares que se expresaron con fuerza desde el 21 de noviembre de 2019 y, posteriormente, durante el PARO NACIONAL de 2021. No podemos ser indiferentes ante ellas, ya que fueron el motor del cambio que condujo a la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidentes de la República.
¿Cómo se hará justicia entonces? ¿Quién y cómo se sancionará a los congresistas que se burlan de quienes los eligieron para debatir y aprobar proyectos de ley? Por otro lado, hemos sido testigos y hemos escuchado acerca del exalcalde de Tuluá, prácticamente convertido en el comandante en jefe de una banda delictiva. Esto suscita mi más profunda admiración por nuestros compañeros de las Empresas Públicas de Tuluá, especialmente por CENTROAGUAS, cuya organización ha sido víctima de persecución sindical hacia sus directivos. Se ha incumplido la convención colectiva, se han llevado a cabo pactos colectivos y se ha intimidado a los trabajadores para que no se afilien al sindicato. A pesar de esta situación, siguen resistiendo.
Ahora, desde Tuluá, la banda conocida como la INMACULADA está asesinando a nuestros compañeros del INPEC, bajo la denominación de “MAGO: MUERTE A GUARDIANES OPRESORES”. Además, están amenazando a nuestros compañeros líderes de la UTP, incluidos miembros del comité ejecutivo nacional de la CGT. Esto ha motivado, de manera justificada, la “JORNADA NACIONAL DE PROTESTA POR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES PENITENCIARIOS”.
Estos actos de violencia antisindical continúan, como se evidenció en diciembre del año pasado, cuando, en represalia por la constitución de una Subdirectiva de SINTRACOMUNICACIONES en Yopal, la empresa TELCOS despidió a 10 trabajadores, incluidos directivos sindicales. Esto persiste a pesar de estar bajo un gobierno progresista y de ser partícipes en el proceso de reparación colectiva hacia el movimiento sindical.
No podemos pasar por alto cómo se ha comportado el sector empresarial, que ha tomado partido A pesar de esta situación,
siguen resistiendo.en la oposición a reformas fundamentales en áreas como la salud, laboral, pensional, educación y servicios públicos domiciliarios.
Es nuestro deber, tal como comenzó, mantener en alto la lucha por la recuperación y defensa de nuestros derechos, como el derecho a la salud, a la estabilidad laboral, al trabajo decente y a pensiones dignas, derechos que muchos de nuestros abuelos conquistaron y nos legaron, hasta que hace 31 años llegó la nefasta Ley 100/93. Todo esto porque “SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO”.
