REVISTA PANORAMA SOCIAL EDICIÓN 68
PRECARIZAR Y PRECARIZAR... QUE DE LA PRECARIZACIÓN ALGO QUEDA ¿PACTO POR EL TRABAJO DECENTE?
Al amparo del artículo 193 de la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional el pasado 27 de agosto de 2020, expidió el decreto 1174 que hemos dicho encarna una reforma laboral y pensional.
El contraste de esta situación es que el gobierno de Iván Duque no se ruboriza cuando se contradice en lo que ha dicho o incluso firmado. Por ejemplo, el próximo 9 de octubre se cumplirán dos años de la firma del Pacto por el Trabajo Decente, mismo que Duque firmo y expresó que era una demostración tripartita de que “podemos sentarnos con un objetivo común y es el de hacer más felices a los trabajadores colombianos”.
En dicho pacto, el numeral 10 reza: “Los empleadores y el gobierno respetarán y protegerán los derechos pensionales, la libertad de asociación y negociación, liderada a través de la construcción de caminos, estrategias, mesas de Diálogo Social y mediante el fortalecimiento de las subcomisiones departamentales de concertación”.
También el numeral 15 señala: “El gobierno cumplirá y hará cumplir con todas las herramientas constitucionales y legales, la Declaración de Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998, las normas internacionales del trabajo, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el objetivo 8 de Trabajo Decente, en el marco de la Agenda 2030 y en el cumplimiento estricto del presente pacto”.
El decreto 1174/20, antes que traer felicidad a los trabajadores colombianos, genera angustia, incertidumbre y tristeza al precarizar legalizando un salario subterráneo inferior al mínimo, deteriorando la formalización del contrato laboral, contenido en el Código Sustantivo de Trabajo, con 48 o 44 horas a la semana, salario mínimo legal y prestaciones sociales, lo cual desaparece de tajo.
La CGT bien expresó que un tema como este “le corresponde a la Comisión Permanente de Concertación”, ignorada a la hora de expedir el decreto.
Al ya deteriorado régimen pensional le llega un pírrico auxilio como los BEPS que conduce a millones de adultos mayores, ancianos, indigentes con un auxilio de lápida en el inmediato futuro.
Se comprende así por qué este gobierno no incluyó en su Plan de Desarrollo el citado Pacto por el Trabajo Decente y si apoyándose en su plan ley 1955/19 se lleva por delante el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 sobre Trabajo Decente, incumpliendo también el Artículo 25 de nuestra Constitución Política.
El mismo día de la firma del Pacto, el Presidente Duque así se expresó de las PYMES: “Igualmente, reitero que uno de los aspectos del Plan de Reactivación Económica que el gobierno le propone al país es apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que son las que generan empleo formal, para que se expandan y lleguen a los lugares del territorio donde hoy no lo pueden hacer”.
Además, hizo énfasis en la necesidad de estimular la creación de empresas, tarea que –indicó– “no es fácil mientras muchas de ellas estén asfixiadas por elevadas cargas tributarias, por el elevado peregrinaje burocrático o por el exceso de papeleo y normas absurdas. Tenemos que romper con esa cadena para que haya más empleo formal”, agregó.
Así, mientras vivimos la pandemia y la propia desprotección del gobierno a las pequeñas y medianas empresas nos dejan una Tasa de Desempleo del 24.7%; 5 millones de desempleados, junto a otros 5 millones de pobres intentan motorizar la reactivación lanzando esta gente al empleo precario por horas y sin salario mínimo, todo lo cual no se observó a la hora de financiar bancos y empresas, no precisamente del gremio del Acopi.
No resulta coherente explicar por qué la cartera laboral convocó una Misión de Empleo tripartita y esta resulta torpedeada con el decreto 1174, así como con la persistencia en una negativa a negociar el Pliego Nacional de Emergencia. Entonces vale preguntar qué quiere el gobierno. Acaso es Diálogo social sí, pero negociación, no.
Tanto en esto como el tema de las masacres, la implementación del Acuerdo de Paz y respeto a los Derechos Humanos la característica es un mar de contradicciones pues una cosa es lo que se dice y se ofrece a la comunidad internacional y otra la realidad nacional.
Esta actitud nos molesta, agudiza la protesta y el rechazo del Comité Nacional de Paro y el Comando Unitario del cual hacemos parte las centrales CGT, CUT y CTC, más los pensionados de la CDP y CPC. Las movilizaciones no dan espera y a la calle marcharemos.
