REVISTA PANORAMA SOCIAL EDICIÓN 25
Primero de mayo: 127 años después, la lucha continúa
E stando en medio del momento histó- rico que constituye este proceso de negociación colectiva que se inició con la expedición del decreto 1092/12, contrasta que en la mesa del Pliego Unificado Nacional estemos avan- zando con perspectivas de acuerdo en temas vi- tales, con la actitud del Estado Empleador en al- gunos departamentos y municipios; o entidades como el INPEC, la CAR y otros como se verá en informe general que se publica en esta edición, en los cuales se apuesta a torpedear e imposibi- litar la negociación.
Por su parte, la OIT espera en esta 102 Conferen- cia, en el tercer punto del orden del día un exa- men al cumplimiento de los convenios 151/78 y 154/81. Ojalá podamos concluir satisfactoriamen- te la negociación nacional, incluida la reforma al decreto 1092/12 -por el bien nuestro y el del país-. Resulta igualmente pertinente que se en- durezcan las acciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo, de la Procura- duría, así como la propia Fiscalía, para que no se burle la ley, como garantía a la libertad sindical y la negociación colectiva.
Precisamente 127 años después de lo sucedido en Chicago, marcharemos el Primero de mayo de 2013 pues la lucha continúa. Todavía algunos siguen viviendo en el pasado de la cultura an- tisindical: persiguiendo, intimidando y haciendo firmar documentos para persuadir de no ingre- sar a un sindicato para poder trabajar. Así ocurre en Claro (antes Telmex), o en la Universidad San Martín donde burlan los fallos de la justicia, algo que se repite también en la alcaldía del munici- pio de Coveñas.
Cuando hablamos de paz, es pertinente que como lo hemos planteado durante años, esta sea fruto de la Justicia Social, pero -también lo hemos dicho- hay quienes desde el gobierno y los sectores empresariales la quieren gratis, sin cambios estructurales que resuelvan las proble- máticas de inequidad, pobreza, precarización y den paso al trabajo decente y en suma respeten los derechos fundamentales de todas y todos los colombianos.